En circunstancias en que un nuevo gobierno asume la responsabilidad de administrar los bienes y el bienestar de la República, los abajo firmantes nos dirigimos a las inteligencias más ilustres y audaces de los tres Poderes del Estado y a toda la sociedad paraguaya, para expresar no solo nuestro asombro y estupor sino nuestro malestar teñido de temor por la situación de exterminio a la que aceleradamente son sometidas las naciones indígenas que habitan el Paraguay. En esta perspectiva, es preciso ser claros sobre los siguientes hechos alarmantes cuya reversión implica asumir cuestiones fundamentales como:
1. Las normas constitucionales y los convenios internacionales que reconocen derechos de los pueblos indígenas en su condición de naciones anteriores a la constitución del Estado Paraguayo, son sistemáticamente violadas. Su incumplimiento conlleva uno de los crímenes más aborrecibles en las sociedades civilizadas: el paulatino etnocidio de las 19 naciones indígenas.
2. La violación de estos derechos implica la sistemática expulsión de
comunidades enteras de sus territorios boscosos de ocupación inmemorial, hoy convertidos en inmensos océanos de soja y de ganado vacuno, y de agua en el caso de las dos grandes hidroeléctricas, Itaipú y Yacyreta. De estos bosques, donde los indígenas se refugiaron para defender su “avaidad”, su condición humana y donde vivieron ellos y sus ascendientes por siglos, han sido y están siendo arrancados de la manera más perversa y brutal, mediante su sistemática destrucción. Hasta aquellas pocas y aisladas comunidades indígenas con tierras legalmente aseguradas, abandonadas a su suerte, están siendo impunemente ocupadas en régimen de alquiler por empresas de la soja y la carne, mientras sus centenarios propietarios sobreviven como refugiados en sus propias tierras, apenas habitables por la destrucción medioambiental…
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