CSERDH integró el equipo de redacción del Proyecto de Ley de Seguro Agrícola Integral y Universal para la Agricultura Campesina Familiar, originada en la Cámara de Senadores (2018). Se trata de una deuda de larga data conforme lo establecido en el Artículo 115, inciso 8 de la Constitución Nacional (1992).
El proyecto define a la agricultura campesina familiar como la que produce alimentos a través del sistema tradicional y resiliente, utiliza semillas nativas o tradicionales; producción que es complementada con la cría de animales menores y emplea, fundamentalmente, mano de obra familiar. No es un detalle menor que actualmente, la agricultura campesina familiar se redujo al 6% de la superficie total cultivada.
Se propone proteger la producción agrícola, forestal, hortícola, frutícola así como la cría de animales menores, de los daños y pérdidas ocasionados por los fenómenos climáticos, como sequías, heladas, fríos, lluvias o vientos extremos, granizadas, inundaciones, incendios, plagas, así como las consecuencias de fumigaciones aéreas y terrestres.
Tiene la finalidad de brindar protección a la producción de las familias campesinas y garantizar el derecho a la alimentación, la biodiversidad, la protección semillas nativas y criollas, así como el respeto de los recursos naturales y de los límites naturales de la tierra, para asegurar la defensa, restauración, promoción, protección, arraigo y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas.
El Proyecto de Ley de Seguro Agrícola Integral y Universal para la Agricultura Campesina Familiar, brindará cobertura para las y los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), que cumplan con los requisitos definidos en la presente Ley, conforme las especificaciones estipuladas en los reglamentos y resoluciones correspondientes, en dos modalidades: autoconsumo y renta.
Es una herramienta destinada exclusivamente a la Agricultura Familiar Campesina. Un instrumento financiero que permite a la agricultora o agricultor transferir los riesgos y las consecuencias de las pérdidas en el sentido señalado
Se propone una financiación público privada; un contrato en el cual la agricultora o agricultor (asegurada/o) paga una suma de dinero (prima) a una institución del Estado. Por un lado, la creación de un fondo mínimo de 50.000.000 de dólares a ser depositados en el Banco Nacional de Fomento, provenientes de lo recaudado del IRAGRO y del IVA agropecuario. Esta institución asume el compromiso de indemnizar o resarcir la pérdida o daño ocasionado. A su vez, quienes tomen el seguro aportarán un porcentaje sobre los cultivos de renta y consumo a ser asegurados, independientemente de poseer deudas con institución alguna pública o privada.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/piden-postergar-seguro-agricola-1726744.html
https://www.ultimahora.com/campesinos-piden-postergar-proyecto-seguro-agricola-n1702259.html
